Impuestos y competitividad: el agro pide cambios urgentes

Las cifras de la carga impositiva

por: Lourdes Ramirez

Diferentes entidades del sector agropecuario alzan su voz una vez más para exigir una estructura tributaria justa. Actualmente, los números del mercado demuestran que la alta presión fiscal ahoga la rentabilidad.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó su último informe en septiembre de 2026. Un documento que revela una realidad contundente para todos los productores.

En concreto, el Estado se queda con el 58,2% de la renta agrícola. Por lo tanto, 58 de cada 100 pesos generados se destinan a pagar impuestos nacionales, provinciales y municipales.

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La mayor parte de esa recaudación (el 55,6%) corresponde a tributos nacionales no coparticipables. En consecuencia, esos fondos no regresan a las provincias productivas para mejorar la infraestructura.

Comparativa de rentabilidad por cultivo

El impacto de los impuestos varía según el tipo de grano sembrado. Sin embargo, la intervención del Estado siempre supera la mitad de las ganancias.

• Soja: La participación estatal alcanza el 60,7% de la renta.
• Girasol: Los impuestos representan el 56,8%.
• Trigo: La carga tributaria llega al 55,5%.
• Maíz: El fisco absorbe el 53,8% de los márgenes.

Las voces que exigen cambios

Frente a este escenario, la Mesa de Enlace mantiene una postura muy firme. Las cuatro entidades rurales que la integran solicitan reglas claras para poder planificar campañas a largo plazo.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, renovó el pedido del sector hace pocos días en Rosario. Ella exigió que el fin de las retenciones se establezca de forma urgente mediante una ley.

Asimismo, los dirigentes señalan que los altos costos de flete complican aún más los números. Cuanto mayor es la distancia desde los campos hasta los puertos, más difícil resulta cubrir los gastos.

¿Un reclamo justificado?

Las estadísticas recientes validan totalmente la preocupación del campo argentino. Los productores asumen todo el riesgo climático y financiero al iniciar la siembra. No obstante, el Estado se lleva la porción mayoritaria de los beneficios sin arriesgar capital.

De esta manera, la queja del agro resulta justa y se fundamenta en variables económicas reales. Una reforma fiscal integral parece ser el único camino para devolverle la competitividad al interior del país.

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