El conflicto pesquero en Uruguay mantiene los barcos en puerto y expone similitudes con la situación en Argentina
La pesca comercial atraviesa un momento crítico en el Atlántico Sur, tanto del lado argentino como uruguayo. En ambos países, los conflictos sindicales con sectores empresariales han dejado flotas amarradas, plantas sin actividad y exportaciones comprometidas. Sin embargo, las raíces del conflicto y la manera en que se lo interpreta varían significativamente de una orilla a otra.
La pesca enfrenta conflictos en Argentina y Uruguay, con flotas paralizadas y fuertes disputas entre gremios y cámaras empresarias. Mientras en Argentina el SOMU denuncia lockout y falta de salarios, en Uruguay el sindicato SUNTMA es acusado de desconocer un convenio vigente, afectando la actividad. Dos crisis distintas, pero con un mismo resultado: barcos amarrados y trabajadores sin ingresos.
Desde marzo, el conflicto en la pesca congeladora argentina mantiene inmovilizados a decenas de buques tangoneros. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) acusa a las cámaras empresarias —CAPeCA, CAPIP y CEPA— de haber iniciado un lockout patronal: no actualizaron los salarios ni otorgaron tareas efectivas desde el inicio de la temporada de langostino.
En respuesta, el gremio lanzó una medida de fuerza a partir del 6 de junio y recientemente denunció formalmente la inacción empresarial ante el Ministerio de Capital Humano, exigiendo el pago de los sueldos básicos y la reactivación de la flota.
Las cámaras, por su parte, retrucan que el cese de actividades fue decretado por el gremio y que los salarios no se pagan porque los trabajadores no están prestando servicio. El cruce se volvió legal y político, en un contexto económico donde cada parte apuesta al desgaste del otro.
Uruguay: convenio desconocido y apoyo internacional
Del otro lado del Río de la Plata, la situación tiene un tono diferente. Allí, el conflicto se originó cuando el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) desconoció un convenio colectivo firmado en 2024 y vigente hasta 2027, paralizando la actividad pesquera en abril.
La negativa del gremio a cumplir con las guardias en el puente de mando —una condición básica para la seguridad de la navegación— dejó en tierra a la flota y desató una cadena de consecuencias: más de 2.000 trabajadores sin actividad, contratos internacionales cancelados y pérdidas económicas que afectan a toda la cadena productiva.
A diferencia de Argentina, donde la disputa sigue trabada entre acusaciones cruzadas, en Uruguay el sector empresarial recibió el respaldo explícito de ALPESCAS (Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad Alimentaria), una red regional que reúne cámaras y asociaciones de la industria pesquera en toda América Latina. ALPESCAS apoyó a la Cámara de Industrias Pesqueras de Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU), y reclamó el cumplimiento del convenio firmado.
En su comunicado, advirtió que la ruptura unilateral del acuerdo afecta no solo al empleo y las exportaciones, sino también a la seguridad alimentaria nacional.
Además, ALPESCAS llamó a las autoridades uruguayas a intervenir rápidamente para evitar que el conflicto deteriore aún más a la pesca industrial, destacando el rol estratégico del sector como generador de alimentos, empleo y divisas.
También valoró “la disposición al diálogo” del empresariado uruguayo con los dirigentes sindicales y el Estado, y remarcó la necesidad de buscar soluciones sustentables que equilibren derechos laborales y sostenibilidad productiva.
En ambos casos, el accionar de los gremios es el eje del debate. En Argentina, el SOMU denuncia la falta de voluntad empresaria para actualizar salarios y acusa a las cámaras de dejar los barcos inactivos por decisión propia.
En Uruguay, el discurso dominante responsabiliza al sindicato por actuar de manera unilateral, desconociendo acuerdos firmados y poniendo en jaque a toda la industria.
