El Gobierno nacional dio un paso decisivo para la defensa del Atlántico Sur al incorporar en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 una autorización de crédito público por USD 3.500 millones destinados al reequipamiento de la Armada Argentina.

Esta inversión tiene como objetivo principal recuperar una capacidad estratégica que el país perdió en noviembre de 2017 tras el hundimiento del ARA San Juan y sus 44 tripulantes.

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¿Cómo se distribuirá el presupuesto?

La planilla anexa al artículo 42 del proyecto detalla el financiamiento para dos grandes operaciones navales:

• USD 2.300 millones para la adquisición de tres submarinos convencionales, que tendrán como asiento histórico la Base Naval Mar del Plata.

• USD 1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.

Esta autorización legislativa es el primer paso financiero. Permite al Estado gestionar la deuda con un plazo mínimo de amortización de tres años. Para garantizar la transparencia, el Gobierno deberá informar trimestralmente al Congreso sobre los avances, el uso de los fondos y las condiciones del financiamiento.

Los modelos en evaluación y el adiestramiento continuo

Aunque el presupuesto no define de antemano al proveedor, las gestiones previas apuntan como firme candidato al modelo Scorpène, fabricado por la firma francesa Naval Group. Se trata de submarinos convencionales altamente adaptables, diseñados para el combate, la obtención de inteligencia y operaciones especiales.

Mientras se define la compra y el grado de participación de la industria naval argentina en su mantenimiento, las tripulaciones no han detenido su preparación. A través de la cooperación regional, marinos argentinos se adiestran activamente desde 2024 en la Base Naval de El Callao, Perú. Las prácticas incluyen navegaciones operativas y simulacros intensivos de ataque, periscopio y control de averías.

Defensa de nuestros recursos: pesca ilegal y soberanía

Más allá del ámbito estrictamente militar, la llegada de estos medios navales responde a una necesidad económica y geopolítica crítica: la protección de la Zona Económica Exclusiva (ZEEA).

Actualmente, el control de las flotas pesqueras extranjeras que operan al límite de la milla 200 recae sobre patrulleros oceánicos y aeronaves P-3C Orion. La incorporación de submarinos sumará una herramienta de observación discreta y disuasión fundamental para frenar la pesca ilegal. Cada incursión de buques extranjeros no autorizados compromete recursos biológicos que sostienen el empleo en los puertos argentinos y la matriz exportadora.

A este escenario se le suman debates soberanos de fondo, como la reciente controversia por el proyecto petrolero Sea Lion cerca de las Islas Malvinas, que pone sobre la mesa la capacidad real de la Argentina para administrar, conocer y proteger sus riquezas marítimas.

El mar como parte de nuestro futuro

Las decisiones sobre defensa naval invitan a un cambio de perspectiva cultural. Las playas no son el límite geográfico del país, sino el comienzo de un territorio inmenso donde la Argentina ejerce derechos soberanos.

Comprender que una gran parte del porvenir nacional se juega mar adentro —desde el trabajo pesquero y la investigación científica, hasta la continuidad logística que exige la Antártida— resulta vital. El sur existe, y el mar debe formar parte activa de la conciencia territorial que el país necesita construir.