Demandan a pesqueras y bancos por 26.000 millones de dólares por pesca ilegal en Malvinas

La Fundación Agustina Lerena presentó una demanda judicial colectiva ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego. El escrito denuncia la extracción ilícita de más de cuatro millones de toneladas de recursos pesqueros en el Atlántico Sur.

Un reclamo multimillonario ante la Justicia Federal

La Fundación Agustina Lerena interpuso una histórica demanda colectiva por la explotación ilegal de recursos pesqueros en aguas de las Islas Malvinas. La acción judicial exige una reparación económica que alcanza los 26.464 millones de dólares.

El escrito ingresó en el Juzgado Federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. La jueza Mariel Borruto encabeza dicho tribunal. Asimismo, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat patrocina la presentación realizada por César Lerena, especialista en política pesquera.

La entidad atribuye a las empresas demandadas la extracción de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros. Estas operaciones ocurrieron entre los años 1989 y 2025 sin la autorización correspondiente del Estado argentino.

Empresas, bancos y astilleros involucrados

La demanda no solo apunta a las embarcaciones dedicadas a la captura. Además, abarca a una compleja estructura de entidades financieras, astilleros y compañías aseguradoras.

El primer grupo comprende doce empresas pesqueras de bandera española que operan en la zona. A ellas se suman siete sociedades mixtas constituidas entre compañías españolas e isleñas bajo pabellón de las Falkland Islands.

Por otra parte, la acción incluye a tres pesqueras de origen nacional que mantendrían relaciones con operadores en las islas. También alcanza a ocho firmas argentinas integrantes de la red ACEMIX.

Finalmente, el reclamo incorpora a cuatro bancos españoles, tres astilleros y tres compañías de seguros. Según la entidad demandante, estas instituciones permitieron el financiamiento y la logística de las operaciones ilegales.

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Evaluación del impacto económico y ambiental

La cuantificación del daño económico contempla dos criterios de valoración comercial sobre la producción extraída. Por un lado, la estimación calculada a valor FOB alcanza los 12.351 millones de dólares. Por otro lado, la valuación determinada a precios mayoristas asciende a 26.464 millones de dólares.

A estas sumas se podrían agregar actualizaciones, derechos aduaneros no abonados y tasas de inspección. Además, la presentación incluye el pedido de recomposición por el daño ambiental colectivo generado en el mar.

El planteo se fundamenta en investigaciones del INIDEP. Dichos estudios demuestran que las especies capturadas en Malvinas integran el mismo ecosistema de la Zona Económica Exclusiva Argentina. En consecuencia, la sobreexplotación produce un impacto acumulativo sobre la fauna marina.

Peligro de caducidad para permisos de pesca en Argentina

El aspecto de mayor impacto para la industria nacional reside en la aplicación de la legislación vigente. La demanda exige la estricta aplicación del artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca 24.922.

Esta normativa prohíbe otorgar permisos de captura a empresas que mantengan lazos económicos con armadores que pesquen sin autorización nacional. Por lo tanto, si la Justicia comprueba estas conductas, las firmas involucradas enfrentarán la caducidad de sus cuotas de pesca en el país.

Próximas acciones contra flotas asiáticas

La entidad demandante confirmó que prepara una segunda acción judicial. Esta nueva presentación apuntará contra empresas pesqueras de Corea del Sur, Taiwán y Vanuatu.

Asimismo, el reclamo abarcará a los proveedores de combustible y servicios logísticos que operan desde puertos de Argentina, Uruguay y Chile. De este modo, la causa busca desarticular la infraestructura de apoyo a la pesca ilícita en todo el Atlántico Sur.