FADEEAC exige suspender un «peaje ilegal» en Ramallo que cobra hasta $37.000 por camión

La Federación formalizó una denuncia ante el Gobierno Nacional para frenar un esquema tributario en el Acceso Sánchez. El municipio impone peajes exorbitantes en un tramo de apenas 5 km y una sobretasa al combustible, afectando directamente la logística y el acceso al Puerto de San Nicolás.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La entidad solicitó una medida cautelar urgente para suspender lo que consideran un «peaje municipal encubierto» operado por la empresa privada Plus Byte S.R.L. mediante la Licitación Pública 3/25.

El esquema de cobros en el Acceso Sánchez

El municipio de Ramallo adjudicó la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87. Este corredor logístico de 5,1 kilómetros es la única vía habilitada para el tránsito pesado entre la Ruta Nacional 9, el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.

Los nuevos gravámenes estipulados incluyen:

• $37.000 por cada pesaje dinámico de los camiones.

• $25.000 adicionales por el ingreso mediante dispositivo electrónico (TAG) a predios industriales o playas de estacionamiento.

• 2% de sobretasa sobre cada litro de combustible cargado en estaciones locales (vigente desde enero).

Según los datos de FADEEAC, este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.

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«Aduanas interiores» y leyes vulneradas

FADEEAC argumenta que la medida configura una doble imposición inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal (23.548) y la Ley Nacional de Combustibles (23.966). La recaudación proyectada supera desproporcionadamente cualquier costo de bacheo o mantenimiento exigido en la concesión a 20 años, y los fondos se reparten en un 50% entre el municipio y el concesionario privado sin una afectación específica directa.

“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.

Alerta por costos millonarios en el sector productivo

La implementación de la medida generó el rechazo conjunto de más de cien empresas de transporte y dadoras de carga, respaldadas por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Las firmas afectadas estiman que el costo anual de este gravamen se ubicará entre los $100 y $500 millones por empresa, poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones logísticas regionales. A esto se suma la amenaza de esquemas sancionatorios que prevén el decomiso de mercadería a las unidades que no adhieran al sistema TAG.

La solicitud elevada al Ministerio de Economía pide replicar las acciones promovidas recientemente por el Estado Nacional contra los municipios de Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón, exigiendo la suspensión inmediata del cobro y la derogación de la ordenanza.